Todo esto deja una buena enseñanza para la Argentina: cuando el piquete violento no existe, cuando la dirigencia sindical negocia un cuidado esquema de servicios mínimos a respetar, cuando no hay un Moyano, pero tampoco un sindicalismo de base radicalizado a lo Kraft, la mayoría elige ir a trabajar. Los sindicatos españoles igualmente hablan de un éxito y exigen negociar la reforma laboral de ZP. Es que, para los parámetros españoles, los números de la jornada no son malos. Con esos números, en Argentina una huelga general sería una derrota total. Corolario: sin patotas ni piquetes, las huelgas se reducen sustancialmente en su nivel de "acatamiento". Sin el piquete, la intimidación o amenaza en voz baja, desde el "te conviene acatar" al "te vamos a ir a buscar a tu casa, sabemos dónde vivis"; en fin, sin todo ese dispositivo de violencia, coerción e intimidación, que por cierto no solamente funciona los días de huelga, el sindicalismo argentino sería mucho más débil de lo que es hoy. Y esta fortaleza, expresada emblemáticamente en la figura de Moyano, es una debilidad para la economía, un espantapájaros para las inversiones. Pero antes que eso es algo mucho más grave: esta fuerza coercitiva del sindicalismo, tan alabada por los progresistas argentinos, es una violación flagrante del derecho constitucional, como el de huelga, de no sumarse a una medida de fuerza (que por algo se llama así) ordenada por las orgas sindicales. Y esto más allá de que a veces se hagan asambleas con las "bases". Apuntemos un dato no menor: los sindicatos españoles, si bien no gozan de buena imagen, mantienen un muy alto nivel de afiliación. O sea que muchísimos afiliados no se sintieron en la obligación de "acatar" la orden de sus jerarcas sindicales, ni siquiera en la administración pública. Entre nosotros, algo inimaginable. Literalmente: no me imagino a la API, la Afip santafesina, con 90% de su gente trabajando un día de huelga general ordenada por Moyano y su banda.
Una cuestión más de fondo aún, si cabe: esta organización violenta, montada en la coerción de los presuntos beneficiarios, los afiliados, tiene la misma matriz histórica y cultural de la violencia política que antaño exhibieron anarquistas y comunistas, y, entre nosotros, los peronistas. No se toleran disidencias, o sea, "traiciones", ni en el nivel "micro", el sindical y el del pequeño partido, ni tampoco cuando se ejerce el poder del Estado, desde el gobierno.
